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RD debe abocarse a una discusión seria sobre el contenido de la ley electoral dominicana


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Publicado por 16 Minutos en fecha 19 octubre 2018



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Santo Domingo, Rep. Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, llamo a fortalecer el régimen electoral dominicano, dotándolo de nuevas herramientas más eficaces para el control de la corrupción y la erradicación del clientelismo. 

Esto es, dijo Castaños Guzmán, debe inciarse un debate serio sobre el contenido y los conceptos de la ley electoral dominicana, por lo que planteo que “sería conveniente explorar la posibilidad o factibilidad de establecer la fiscalía electoral”. 

El ejecutivo Finjus participó en el panel sobre “Las Infracciones Electorales, modelos electorales, persecución y penalidades dentro del 1er. Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos, que organizó el Tribunal Superior Electoral en Santo Domingo.

Castaños consideró como indispensable la existencia de una justicia electoral idónea, que permita resolver jurídicamente los conflictos que de ellos se deriven. Esta justicia ampliaría el derecho de los actores electorales, afirmó.

 

Y más aún, esto constituye un elemento imprescindible para proteger la soberanía popular expresada a través del sufragio y la participación política como derechos fundamentales contemplados en nuestro ordenamiento constitucional, aseguro Castaños.

El objetivo debe ser, entonces, explicó el jurista dominicano, el fortalecimiento de mecanismos de sanciones efectivas que castiguen a quienes desnaturalicen el ejercicio de la política y el papel esencial que juegan los partidos en la democracia.

La recién aprobada ley de partidos es un ejemplo de la necesidad de fortalecer los conceptos que caracterizan a la ley electoral. En algunos casos, aseguro Castaños, algunos artículos son ambiguos.

 

El Capítulo IX sobre las Penalidades presenta ambigüedades que requieren de precisión. En primer lugar, al identificar los artículos que contienen las normas que pertenecen a este sistema, se detecta que el legislador ha incluido en ellos -y de manera indistinta- tipos penales que acarrean sanciones administrativas y otros que acarrean sanciones penales. Posteriormente, no sólo establece sanciones sino también algunas reglas de atribución de responsabilidad, aseguró Castaños.

 

Para Castaños Guzmán, En la ruta hacia la consolidación de la justicia electoral dominicana, entendemos que deben ser superados aquellos lastres heredados de procesos electorales y políticos que, a lo largo de nuestra historia, han sido accidentados en desmedro del interés general.   

 

Por ello, consideramos trascendente que el país se aboque a una discusión seria en torno al contenido de la Ley Electoral, tal como fue vigilante la ciudadanía frente a la Ley de Partidos. De manera especial, es importante destacar qué va a contener todo lo referente a los sistemas de consecuencias en esta materia. 

 

Si tenemos un sistema de consecuencias fuerte, será más difícil que el ejercicio político y el régimen electoral sean golpeados por el clientelismo, las arbitrariedades y la presencia de actores políticos que con sus acciones contaminan el escenario político dominicano, afirmo.

 

A juicio del vicepresidente ejecutivo de Finjus, el diseño de una justicia electoral efectiva ha constituido un factor importante para los recientes procesos de redemocratización y consolidación democrática en América Latina, así como también para la vigencia del Estado de Derecho y la consiguiente solución de los conflictos electorales por vías institucionales adecuadas y especializadas.

 

Por ello, entiende la necesidad de estructurar esquemas de justicia electoral consistente y más resistente, con la finalidad de proporcionar medios y mecanismos que garanticen la regularidad de los procesos electivos y la defensa de los derechos electorales.

Con ello se demuestra la importancia de contar con un diseño de justicia electoral, ya que no sólo se trata de la celebración de las elecciones sino también de las implicaciones legales, jurisdiccionales y formales de un determinado acto y de su incidencia en la vida democrática, dijo.

 


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