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Barahona. - El Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del ingenio Barahona, denunció que personas que ocupan de manera ilegal terrenos del Concejo Estatal del Azúcar (CEA), amenazan a empleados de esa entidad de quemarles las maquinarias y vehículos pesados del personal que labora en las inmediaciones de las zonas cañeras de Bahoruco.

El CAC señaló que estas acciones podrían provocar situaciones lamentables e hizo un llamado a la dirección regional sur de la Policía Nacional (PN) con sede en Barahona, así como también al Ejercito de República Dominicana (ERD) a tomar medidas preventivas de seguridad. 

Un apunte:

Recientemente la sala civil del Juzgado de primera Instancia del distrito judicial de Bahoruco, declaró inadmisible e incompetente, una Acción de Amparo sometida por cinco asociaciones de agricultores de esta provincia, las cuales mantienen invadidas de manera ilegal las tierras del CEA y quienes demandaban al Concejo Estatal de Azúcar (CEA) el CAC y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) por supuestas invasiones de predios agrícolas en la parcela número 273.

El magistrado, Alejandro Encarnación Medina, en función de juez de amparo, declaró falta   de derecho y calidad a estas asociaciones al carecer de competencia en sus reclamos contra el CEA, IAD y la CAC, lo que los convierte En invasores, violando las leyes. 

La medida fue emitida contra las entidades “Asociación de Campesinos Sin Tierras”, “Asociación de Agricultores de Guanarate”, “Asociación de Agricultores Cabeza de Toro”, “Asociación de Agricultores Los tainos” y la “Asociación de Agricultores La Cuaba”, a quienes el tribunal falló en contra de sus alegatos.

La empresa dijo que la seguridad de sus operadores de vehículos pesados, está en peligro, tras las amenazas recibidas por invasores de terrenos, quienes según señaló buscan la forma de provocar enfrentamientos violentos para llamar la atención nacional.

 El  Consorcio Azucarero Central, también denuncia que sus bienes están corriendo riegos e indican sentir preocupación al observar los niveles de violencia en los ocupantes de tierras, porque según señalan, como entidad privada el CAC no tiene los medios para impedir dichas acciones.