HIGÜEY, Rep. Dominicana.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este), detectaron 15 conexiones fraudulentas de energía durante operativos realizados en varios sectores de las provincias La Romana y La Altagracia.
El magistrado Procurador General Adjunto para el Sector Eléctrico, Moisés Ferrer, reveló que durante los operativos se recuperaron unos 261 mil 695 kilovatios horas mensuales de energía, equivalente a 366 mil 141 pesos mensuales, que eran hurtados a la empresa distribuidora de electricidad.
Explicó que durante los operativos realizados en La Romana, fueron descubiertas conexiones fraudulentas en las comunidades de Buena Vista y La Piedra; mientras que en la ciudad de Higuey, se detectaron fraudes eléctricos en los sectores de La Melena, El Tamarindo, Los Platanitos, Centro Ciudad y La Otra Banda.
Entre los establecimientos comerciales donde fueron detectadas acciones fraudulentas en La Romana, se encuentran: Discoteca El Nuevo Oasis, Wilson Bodegón, Restaurante El Sitio y Fábrica de Agua Abel Martínez Cedeño. En la ciudad de Higuey, se detectaron fraudes eléctricos en Colmado Roble, Ropas usadas La Cibaeña, Variedades M y R, Plaza Bombo, Trace Internacional, Salón y Variedades Arias e Importadora Laura.
Entre las irregularidades detectadas se encontraron líneas directas a las redes eléctricas, registros del medidor alterado, pestañas maltratadas del medidor, resistencia en acometidas y precinto o sello del medidor manipulado.
El magistrado juez de la Instrucción en la ciudad de Higuey, Edwis Andrés Rijo Delgado, dispuso medidas de coerción contra los imputados William Robles Mateo, de Colmado Robles; Franklin Premier, de Variedades M y R; mientras que Abel Martínez Cedeño, propietario de una fábrica de agua, también se le dictó medida de coerción por violación a la Ley General de Electricidad.
A todos los imputados les fueron dictadas medidas de coerción consistentes en la presentación periódica a la Fiscalía, impedimentos de salida del país y prestaciones económicas que van desde los RD$2,500 hasta los RD$200,000.
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