(Creditos:elnuevodiario.com.do)
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, ponderó la decisión de la Corte de Apelación Penal de San
Pedro de Macorís, que ordena la apertura a juicio en contra del exalcalde de La
Romana y otros cuatro imputados del ayuntamiento, acusados de malversar
alrededor de 200 millones.
La magistrada
Miguelina Mendoza, de la Corte de Apelación Penal, en función de jueza especial
de la Instrucción, envió a juicio de fondo al suspendido alcalde Juan Antonio
Adames Bautista, así como a Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio
Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco y Michael Ferreyra Berroa, en sus
calidades de extesoreros, encargado de compras y de obras municipales,
respectivamente.
“Con decisiones
como estas, con las cuales los jueces permiten ventilar los casos en un juicio
de fondo, se fortalece la lucha impulsada para perseguir y combatir la
corrupción administrativa en el país”, sostuvo el procurador general Domínguez
Brito.
Dijo esperar
que en este caso impere la justicia y la verdad, “son casos en los que se
necesita llegar al fondo y que sean esclarecidos, es tiempo ya de dar
respuestas contundentes a este flagelo, tal y como lo espera la sociedad”.
Domínguez Brito
sostiene que cuentan con pruebas contundentes para demostrar los hechos
imputados en contra del exalcalde de La Romana y los demás funcionarios de esa
entidad, las cuales, dijo, han sido obtenidas mediante una ardua labor de
investigación, dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA).
“Se hace
necesario que en el país se castiguen casos como esos que impiden que nuestra
sociedad alcance desarrollo pleno, de dejar claro que todo el que incurra en
ese tipo de actuación tendrá que enfrentar la justicia”, enfatizó el Jefe del
Ministerio Público.
Los imputados,
todos bajo arresto, son acusados de violar los artículos 145, 147, 150, 151,
166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que
sancionan los delitos de falsificación y uso de documentos falsos,
prevaricación, desfalco y la asociación de malhechores en perjuicio del Estado.
En el mes de
noviembre del año 2013, la PEPCA obtuvo órdenes arrestos y allanamientos,
logrando reunir en el transcurso de la investigación diferentes elementos
probatorios que comprometen la responsabilidad penal de los imputados.
A partir de
ahora, el Ministerio Público está a la espera de que se fije la fecha para el
conocimiento del juicio de fondo en la jurisdicción especial del Distrito
Judicial de San Pedro de Macorís.
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