24 febrero 2026

16minutos.com  /

Santo Domingo, República Dominicana. - La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó un fallo trascendental para la transparencia municipal al confirmar la sentencia que anula el aumento salarial que se otorgaron 14 regidores y la vicealcaldesa del municipio de La Romana. 

Mediante la sentencia SCJ-TS-26-0283, de fecha 13 de febrero de 2026, el alto tribunal rechazó los recursos que buscaban validar los incrementos, dejando en firme la decisión dictada por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil de La Romana, quien ya había declarado la ilegalidad de los aumentos, ordenando la devolución de los valores excedentes cobrados.

Sorprendentemente, los Regidores y la Vicealcaldesa fueron representados por Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), quien gestaron con un equipo de abogados la representación de los ediles ante la Suprema. 

Este fallo, obliga al Alcalde Eduardo Kery Metivier a descontar y restituir al erario municipal la suma total de RD$2,300,000.00, dinero que fue cobrado por los ediles de manera injustificada, tal cual señala el ordinal segundo de la sentencia primigenia. 

El caso se remonta a principio del 2025, cuando la sociedad civil y diversos sectores repudiaron el aumento salarial. Los abogados Wanchy Medina y Máximo Alburquerque argumentaron con éxito que los funcionarios Municipales violaron el artículo 140 de la Constitución al legislar en su propio beneficio.

Tras conocerse el dictamen de la Suprema Corte, el abogado Wanchy Medina expresó su satisfacción por el respeto a la legalidad: “Este fallo no es solo una victoria jurídica, es un triunfo para el ciudadano de La Romana y para la institucionalidad del país. Hemos demostrado que ningún funcionario, por más poder que ostente, está por encima de la Constitución; intimó al alcalde a cumplir con el descuento dictado del modo y manera que ordenó la jueza Cabral”, afirmó Medina. 

Por su parte, el jurista Máximo Alburquerque destacó la importancia de la devolución de los fondos: “La justicia ha sido enfática: esos RD$2.3 millones deben retornar a las arcas municipales para ser invertidos en obras y servicios para la comunidad, no en salarios aprobados de espaldas a la ley. Se cierra un capítulo de arbitrariedad en la gestión local, sentenció Alburquerque. 

Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, se agotan las vías ordinarias de apelación, convirtiendo la sentencia en irrevocable y de ejecución inmediata.

 Impacto en la municipalidad 

Expertos en derecho administrativo señalan que este fallo representa una victoria contra la discrecionalidad administrativa en los gobiernos locales. La sentencia subraya que la autonomía municipal no es absoluta y está supeditada al control jurisdiccional y al cumplimiento de la ley orgánica que rige a los ayuntamientos.