Correo: alexdminguez@gmail.com

15 junio 2026

■.- La discusión sobre la autonomía municipal siempre genera opiniones encontradas. Para algunos, cualquier intervención del Gobierno Central en asuntos relacionados con el uso de suelo representa una limitación a las competencias de los ayuntamientos. Para otros, la coordinación entre instituciones es indispensable para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible del territorio.

A mi juicio, el debate no debe centrarse en una confrontación entre el poder local y el poder central, sino en la forma en que ambos pueden complementarse para alcanzar objetivos comunes.

La Constitución de la República reconoce la autonomía de los gobiernos locales y les otorga importantes facultades para gestionar sus territorios. Esa autonomía no es un privilegio ni una concesión política; es un principio constitucional que busca acercar la toma de decisiones a las comunidades y garantizar una gestión más eficiente de los asuntos locales.

Sin embargo, también es cierto que vivimos en un Estado unitario donde existen intereses nacionales que deben ser protegidos. Recursos naturales, zonas turísticas, áreas ambientales sensibles e infraestructuras estratégicas trascienden los límites de un municipio y forman parte del patrimonio de toda la nación.

Es precisamente en ese contexto donde surge el Decreto 396-25.

Algunos sectores han interpretado esta normativa como una reducción de las competencias municipales, especialmente cuando exige la participación de instituciones del Gobierno Central en determinados procesos relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo de proyectos.

Personalmente, considero que el problema no está en la coordinación institucional. El verdadero riesgo aparece cuando esa coordinación se transforma en burocracia excesiva, retrasos innecesarios o duplicidad de funciones.

No podemos olvidar que el país necesita atraer inversiones, generar empleos y promover el desarrollo económico. Pero tampoco podemos permitir que ese crecimiento ocurra de manera desordenada o sin planificación.

Cuando un proyecto impacta una zona de alto valor turístico, por ejemplo, resulta razonable que el Ministerio de Turismo participe en la evaluación de sus implicaciones. Del mismo modo, es lógico que el ayuntamiento correspondiente tenga la última palabra respecto a los aspectos vinculados con la realidad local, el uso de suelo y la convivencia comunitaria.

Lo ideal no es que una institución sustituya a la otra, sino que ambas trabajen de manera coordinada.

La verdadera fortaleza de la autonomía municipal no radica en actuar sola, sino en actuar con capacidad técnica, planificación y liderazgo institucional. Un ayuntamiento fuerte no teme coordinarse con otras entidades del Estado; por el contrario, aprovecha esa coordinación para fortalecer sus decisiones y proteger mejor los intereses de su municipio.

Por eso entiendo que el reto principal del Decreto 396-25 no es jurídico, sino administrativo.

La clave estará en la capacidad de las instituciones para simplificar procesos, reducir tiempos de respuesta, digitalizar servicios y evitar que los ciudadanos o inversionistas tengan que recorrer múltiples oficinas para obtener una autorización.

Si la coordinación institucional se traduce en eficiencia, transparencia y planificación, el país ganará. Pero si se convierte en un entramado burocrático que dificulta el desarrollo, entonces estaremos ante un problema que deberá ser corregido.

La autonomía municipal y la coordinación con el Gobierno Central no tienen por qué ser conceptos opuestos. Ambas pueden coexistir y fortalecerse mutuamente cuando el objetivo común es el bienestar de la gente y el desarrollo equilibrado del territorio.

Al final, la pregunta no debería ser quién tiene más poder para decidir, sino quién está tomando las mejores decisiones para el futuro de nuestras comunidades.