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22 junio 2026

16minutos.com/

■.- Sabía que el ordenamiento territorial no es un tema lejano ni exclusivo de los grandes planes nacionales. Se siente en el barrio, en la calle, en la forma en que crecen las urbanizaciones, en el uso que se da al suelo, en las zonas que deben protegerse, en los asentamientos humanos y en la capacidad de un municipio para organizar su propio futuro. Por eso, la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos representa una herramienta clave para los gobiernos locales.

Es bueno destacar que esta ley establece un marco moderno para ordenar el territorio, regular el uso del suelo y orientar los asentamientos humanos con criterios de sostenibilidad, equilibrio, seguridad jurídica y desarrollo. Pero dentro de todo su contenido, hay un artículo que merece especial atención municipalista: el Artículo 16, porque coloca la gestión del ordenamiento territorial a nivel municipal bajo la responsabilidad directa de los gobiernos locales.

El Artículo 16 establece que la gestión del ordenamiento territorial a nivel municipal es responsabilidad de los gobiernos locales, en coordinación con las entidades sectoriales del gobierno localizadas en su territorio. Esta redacción tiene una fuerza enorme: reconoce que el municipio no es un espectador del desarrollo territorial, sino un actor principal. El ayuntamiento conoce su territorio, sus barrios, sus conflictos de uso de suelo, sus zonas vulnerables y sus oportunidades de crecimiento.

Dicho de manera sencilla, la ley manda a que el territorio se gestione desde lo local, pero no de manera aislada. El gobierno local debe coordinar con las instituciones sectoriales que inciden en su demarcación: medio ambiente, obras públicas, turismo, agricultura, vivienda, salud, educación, gestión de riesgo y cualquier otra entidad cuyo accionar tenga impacto en el territorio. Esa coordinación es fundamental porque ninguna institución, por sí sola, puede ordenar un municipio completo.

El Párrafo I de este articulo también es muy importante, porque dispone que el MEPyD prestará asesoría y asistencia a los gobiernos locales para garantizar la armonía y coherencia en la gestión integral del territorio. Esto significa que los ayuntamientos no deben quedar solos frente al desafío técnico de planificar. La ley reconoce que se necesita acompañamiento, orientación y apoyo institucional para que los planes municipales respondan a una visión ordenada y coherente.

Ese acompañamiento del MEPyD es vital, especialmente para municipios y distritos municipales que aún no cuentan con equipos técnicos suficientes, herramientas cartográficas, sistemas de información territorial o unidades especializadas de planificación. La planificación territorial requiere conocimiento técnico, pero también requiere voluntad política. Sin asistencia, muchos gobiernos locales pueden quedar rezagados; con asistencia y decisión local, pueden dar un salto hacia una gestión más moderna y responsable.

Este Párrafo II completa el enfoque de la ley al establecer que el MEPyD tendrá a su cargo las tareas de coordinación vertical necesarias entre los niveles municipal, provincial, regional, nacional y sectorial, a fin de garantizar la coherencia global entre políticas, planes, programas y acciones referentes al ordenamiento y el desarrollo territorial. En otras palabras, el país no puede planificarse por pedazos desconectados. Lo municipal debe conversar con lo provincial, lo regional y lo nacional.

Aquí es importante conocer está grandes claves de la Ley 368-22, el ordenamiento territorial no funciona si cada institución empuja por su lado. Un municipio puede tener una visión de crecimiento, pero si una política sectorial no la respeta, se genera conflicto. Una provincia puede tener prioridades, pero si no se articulan con los municipios, el desarrollo queda incompleto. Por eso, la coordinación vertical que plantea el Artículo 16 es una necesidad práctica, no un adorno jurídico.

Para los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos municipales, este artículo plantea un gran desafío: asumir el ordenamiento territorial como una responsabilidad de gobierno, no como un expediente técnico que se guarda en una gaveta. Planificar el territorio implica ordenar el crecimiento urbano, proteger zonas vulnerables, definir usos de suelo, prevenir asentamientos en áreas de riesgo, orientar inversiones y garantizar que el desarrollo llegue con equilibrio.

Un municipio que no planifica termina reaccionando tarde. Reacciona cuando ya el barrio creció sin servicios, cuando la cañada fue ocupada, cuando las calles no tienen salida, cuando una actividad incompatible afecta a los vecinos, cuando la expansión urbana devora suelo agrícola o cuando una obra pública se ejecuta sin armonía con el entorno. Por eso, el Artículo 16 debe leerse como una llamada de alerta: el territorio se gobierna antes de que el desorden se imponga.

La Ley 368-22 también obliga a cambiar la cultura administrativa. El ordenamiento territorial no puede depender de favores, presiones o decisiones improvisadas. Debe apoyarse en información, instrumentos técnicos, participación ciudadana, coordinación institucional y respeto al interés general. El territorio es demasiado valioso para manejarlo sin reglas claras.

En términos prácticos, los gobiernos locales deben fortalecer sus unidades técnicas, actualizar sus instrumentos de planificación, coordinar con el MEPyD y con las entidades sectoriales, promover la participación comunitaria y asegurar que sus decisiones sobre uso de suelo respondan a una visión de desarrollo sostenible. No se trata solo de aprobar planes; se trata de aplicarlos con autoridad, transparencia y sentido de futuro.

El Artículo 16 de la Ley 368-22 nos recuerda que el municipio es el primer escenario del ordenamiento territorial. Si el gobierno local se fortalece, el territorio se ordena. Si el gobierno local se debilita o actúa sin coordinación, el crecimiento se vuelve desordenado y la comunidad paga las consecuencias.

desaprender para aprender.

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