Por Alfonso Benoit
14 octubre 2026
14 octubre 2026
16minutos.com
■.- En República Dominicana llenar el tanque se ha convertido en una carga pesada para familias, transportistas y empresas. Pero el problema no es solamente cuánto cuesta un galón de gasolina. La verdadera discusión está en cuánto de ese precio corresponde realmente al combustible y cuánto termina convertido en impuestos e ingresos para el Estado. El contraste regional obliga a mirar el tema con mayor atención.
Al 5 de octubre de 2026, la gasolina de 95 octanos costaba alrededor de US$1.55 por litro en República Dominicana, mientras en El Salvador rondaba US$1.36. Otros países latinoamericanos dependientes de importaciones, como Panamá, Honduras, Nicaragua y Paraguay, también registraban precios inferiores. El dato resulta todavía más llamativo cuando se compara el tamaño de las economías. República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto muy superior al de países como Honduras y El Salvador, pero eso no se traduce automáticamente en combustibles más baratos para el consumidor dominicano.
Claro está: el tamaño de una economía no determina por sí solo el precio de la gasolina. Influyen la logística, la tasa de cambio, los márgenes de comercialización, las políticas de subsidios y, especialmente, la carga tributaria. Y ahí comienza la parte que merece mayor explicación. El Presupuesto General del Estado para 2026 proyectó RD$56,572.6 millones por el impuesto específico a los hidrocarburos establecido en la Ley 112-00 y otros RD$33,071.4 millones mediante el impuesto ad valorem. Entre ambos conceptos suman aproximadamente RD$89,644 millones en un solo año.
No estamos hablando de una recaudación marginal. Solo en agosto de 2026, los impuestos selectivos a los combustibles generaron RD$7,464.8 millones para la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, cada vez que un dominicano llena su tanque no solamente compra combustible. También alimenta una maquinaria fiscal que recauda miles de millones de pesos. Y precisamente por eso la pregunta central es inevitable: ¿dónde va ese dinero?
Al 5 de octubre de 2026, la gasolina de 95 octanos costaba alrededor de US$1.55 por litro en República Dominicana, mientras en El Salvador rondaba US$1.36. Otros países latinoamericanos dependientes de importaciones, como Panamá, Honduras, Nicaragua y Paraguay, también registraban precios inferiores. El dato resulta todavía más llamativo cuando se compara el tamaño de las economías. República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto muy superior al de países como Honduras y El Salvador, pero eso no se traduce automáticamente en combustibles más baratos para el consumidor dominicano.
Claro está: el tamaño de una economía no determina por sí solo el precio de la gasolina. Influyen la logística, la tasa de cambio, los márgenes de comercialización, las políticas de subsidios y, especialmente, la carga tributaria. Y ahí comienza la parte que merece mayor explicación. El Presupuesto General del Estado para 2026 proyectó RD$56,572.6 millones por el impuesto específico a los hidrocarburos establecido en la Ley 112-00 y otros RD$33,071.4 millones mediante el impuesto ad valorem. Entre ambos conceptos suman aproximadamente RD$89,644 millones en un solo año.
No estamos hablando de una recaudación marginal. Solo en agosto de 2026, los impuestos selectivos a los combustibles generaron RD$7,464.8 millones para la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, cada vez que un dominicano llena su tanque no solamente compra combustible. También alimenta una maquinaria fiscal que recauda miles de millones de pesos. Y precisamente por eso la pregunta central es inevitable: ¿dónde va ese dinero?
La discusión adquiere todavía más peso cuando recordamos lo que decía el Partido Revolucionario Moderno cuando estaba en la oposición. En septiembre de 2018, Luis Abinader planteó modificar la Ley de Hidrocarburos para que, cuando aumentara el precio internacional del petróleo, disminuyera proporcionalmente la carga de impuestos que pagaban los consumidores. José Ignacio Paliza, entonces presidente del PRM y senador por Puerto Plata, también calificó como un abuso los altos precios de los combustibles y defendió una modificación de la Ley 112-00 para reducir la carga impositiva. El PRM cuestionaba la manera en que el gobierno de Danilo Medina manejaba los precios y denunciaba privilegios y falta de transparencia en el sistema.
Esas posiciones forman parte del registro público. Y ahora que el PRM gobierna, las mismas preguntas que hacía desde la oposición regresan inevitablemente hacia quienes hoy administran el Estado. El Gobierno actual sostiene que República Dominicana está expuesta a las fluctuaciones del petróleo, los conflictos internacionales, el transporte y otros factores externos. Eso es cierto. El país importa buena parte de los combustibles que consume y no puede aislarse de los mercados internacionales. También es cierto que el Estado ha utilizado subsidios para contener aumentos mayores.
Pero ninguna de esas explicaciones elimina la necesidad de saber qué ocurre con la enorme cantidad de recursos que se recauda mediante los combustibles. Si el Estado cobra decenas de miles de millones de pesos en impuestos y al mismo tiempo destina miles de millones a subsidiar los precios, el ciudadano tiene derecho a conocer el balance completo: cuánto entra, cuánto se utiliza para subsidiar, cuánto se destina al pago de obligaciones del Estado, cuánto se invierte en carreteras, transporte e infraestructura y cuánto termina integrado al presupuesto general.
Esas respuestas no deberían estar escondidas entre cientos de páginas de documentos presupuestarios. Deberían poder ser entendidas por cualquier ciudadano que llegue a una estación de combustible. Y aquí aparece una cuestión inevitable: la transparencia. Cuando hablamos de decenas de miles de millones de pesos recaudados cada año, el ciudadano tiene derecho a conocer el recorrido de cada peso.
República Dominicana ha vivido durante décadas entre denuncias, investigaciones y procesos judiciales relacionados con corrupción y manejo irregular de fondos públicos bajo administraciones de distintos partidos. Por eso aquí no hacen falta conclusiones anticipadas. Hacen falta cuentas claras. Que el Gobierno publique, explique y permita seguir el dinero. Porque quien cuestionó ayer tiene que aceptar hoy exactamente el mismo nivel de escrutinio que exigía cuando estaba fuera del poder.
No se trata de defender al PLD ni de condenar automáticamente al PRM. Se trata de aplicar una sola regla. Si ayer los combustibles eran considerados abusivamente caros, hoy corresponde explicar por qué el dominicano continúa pagando precios elevados. Si ayer se reclamaba transparencia, hoy corresponde ofrecerla. Y si ayer se preguntaba qué ocurría con los millones recaudados a través de los combustibles, esa pregunta sigue teniendo exactamente la misma validez.
El dominicano paga. El Estado recauda. Los millones se acumulan. La pregunta queda abierta: ¿dónde va el dinero de los combustibles?
Alfonso Benoit
https://alfonsobenoit.com/columnas/combustibles-caros-millones-sin-explicar/

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