.

Por Julio Perelló/Opinión Itinerante.

No quiero entrar en los considerandos legales, en vista de que eso no es lo mío, aunque no puedo mantener silencio ante la sentencia que evacuó el pasado miércoles 8 del mes de julio del presente año en lo que declara inconstitucional la petición de cobro de un tres por ciento a las compañías telefónicas por parte de los Ayuntamientos del País a través de la Federación de Municipios.
Lo que resulta extraño es la rapidez con que los señores magistrados de ese alto tribunal dieron a conocer la referida sentencia. Mientras que esos mismos señores no han podido emitir el fallo ante la solicitud de FEDOMU de que el gobierno respete la entrega del 10%, que por ley se establece en el presupuesto nacional, por parte del gobierno.
La acción legal por parte de la Federación de Municipios esta incoada en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2006.
Fijaos bien..Lo del cobro del tres por ciento, favorece en la sentencia a las empresas de telefonías del país.Y este proceso legal fue sometido por Fedomu, hace menos de un año. Y ya hay sentencia.
El de respeto a la entrega del diez por ciento, tiene tres años engavetado.De entrada
con la entrega del monto total a los ayuntamientos, se reflejaría acciones para favorecer a la población, en cuanto a la demanda de bienes y servicios que ejecutan los cabildos en sus respectivas comunidades.
A mi juicio, con acciones de esta naturaleza, se comprueba una vez más que se hace necesario que la actual suprema corte de justicia debe ser cambiada de cuajo, sobre la base de que no rinden beneficios al pueblo, sino a sus propias conveniencias o mejor dicho a sus propios intereses.
Ahí están los ejemplos de las ambivalencias por parte de los jueces de la Suprema: Caso Sund Land, donde no se establece quien tiene o no la razón en el aspecto de respeto o no de la Constitución. Ahí están las declaraciones del magistrado Subero Issa de que el país tiene que mirarse en el espejo de Honduras, su oposición a la creación de una sala constitucional, el caso del hijo del vicepresidente de la corte suprema, Luciano Pichardo. Que nadie pudo encausarle por el delito de traer cerca de medio millón de dólares desde Puerto Rico sin haberlo declarado a las autoridades aduanales. Ahí están los dimes y diretes que han aflorado en los medios de comunicación, en fin, eso y más.
Es altamente lamentable que nuestra SUPREMA CORTE DE JUSTICIA se encuentre tan empantanada. El consejo nacional de la magistratura tiene, debe reunirse y mandar a sus respectivos hogares a éstos señores que están dejando mucho de que hablar y nada de actuar en lo que se les asignó.